El río revuelto de Buenaventura
La opinión pública le imputa el recrudecimiento de la guerra a las guerrillas, a las bandas ilegales y a las autodefensas. No obstante, omite señalar al primer y máximo responsable de la violencia en Colombia: el Estado.
El Estado colombiano ha sometido histórica y sistemáticamente a la violencia a los civiles. Desde este supuesto, es posible inferir, por ejemplo, el sentido de la masacre de las bananeras, de la violencia bipartidista y de la violencia actual.
Es bien conocido que el conflicto nacional se originó, en resumen, por las rancias inequidades de las que han sido objeto un sinnúmero de colombianos. No es descabellado afirmar que el Gobierno, tal vez por una deliberada pretensión de mantener el statu quo, ha avivado la violencia en el país, desatendiendo a sus gobernados. Así, a todas luces, se entiende cómo el disgusto, la percepción de abandono y la impotencia de las gentes frente a su gobierno han sido y serán el insumo fundador de la guerra en Colombia.
La inoperancia del Estado para hacerle frente a la desigualdad desembocó, por ejemplo, en el levantamiento armado civil, primera base para las guerrillas. Posteriormente, todo llegaría en cadena. Con la expansión guerrillera, surgió el paramilitarismo y con él, luego de su desintegración, las bandas criminales (bacrim).
La violencia, como práctica, ha sido usada en Colombia para la consecución de distintos objetivos. Por ejemplo, el Estado la ha usado para presionar reformas sociales y para recuperar su soberanía. Las guerrillas la han usado en busca de un fin político valiéndose de ataques a las autoridades o la intimidación de la población civil. Y los paramilitares la han implementado para combatir a la guerrilla y, en teoría, ayudar al Estado en su lucha por recobrar el control nacional.
Sin embargo, indistintamente de las partes beligerantes, las consecuencias del conflicto han sido siempre las mismas: dolor, muerte, desplazamiento, pobreza y exclusión.
Para demostrar que es el Estado el fundador de la guerra en Colombia, ahondaré, someramente, en una de las problemáticas actuales del país: La crisis del puerto de Buenaventura.
Buenaventura, tierra de nadie
El puerto de Buenaventura es un campo de batalla. El descuido del Estado ha privilegiado la llegada de grupos armados ilegales, los cuales han convertido al territorio en un paraíso de embarque de drogas, contrabando y cosecha de estupefacientes. En Buenaventura viven cerca de 450.000 personas.
Durante años la ciudad ha sufrido una gran ola de violencia favorecida por la inexistencia de controles y garantías estatales. Esto se demuestra con la cantidad de habitantes de la zona que no tienen acceso a servicios públicos, educación o a un sistema de salud funcional.
El olvido histórico del Gobierno Nacional por esta zona ha aumentado los índices de desempleo y pobreza por ingresos. Según un artículo periodístico del 22 de mayo de 2017 llamado ‘Las seis deudas históricas por las que protestan en Buenaventura’ de la revista Semana, se calcula que el 64% de la población urbana y el 91% de la rural son considerados pobres, y que el 9,1% vive en condiciones de miseria.
En 20l7, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), una herramienta de medición desarrollada por la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI), a nivel nacional fue de 49%, mientras que en Buenaventura la cifra fue del 66%. Por otro lado, en el mismo año, el Índice de Necesidades Básicas de personas pobres en el puerto fue de 36%, tres veces mayor que el de Cali.
Pescando en río revuelto, diferentes grupos armados se instalaron en el territorio en busca del control de las rutas de narcotráfico y de contrabando. Estos grupos ilegales se reconocen como Bacrim, y se denominan a sí mismos como “Los Rastrojos” (conocidos en la zona como “La Empresa”) y “Los Urabeños”. Estos criminales han sabido que la zona es un punto estratégico para las vías del narcotráfico, por su ubicación privilegiada y su cercanía con Panamá y Ecuador, y por ser un territorio abandonado por el Estado.
Hasta el día de hoy la población civil ha sido, en mayor medida, la que ha tenido que pagar los platos rotos del conflicto. Gracias a la violencia y a la falta de autoridades, los altos índices de confinamiento no permiten siquiera la entrada de mediadores que pretendan llevar un mensaje de paz a los 169 barrios de Buenaventura. No obstante, en los últimos años los procesos de resistencia de los ciudadanos del puerto se han hecho evidentes. Han derrotado la indiferencia por medio de plantones de protesta y esperanzadoras manifestaciones.
Es claro que en el puerto la política pública de un Estado inoperante no ha podido prevenir el reclutamiento a menores por parte de la criminalidad, tampoco erradicar la exclusión de las comunidades indígenas y afrocolombianas, ni las amenazas, los homicidios, el confinamiento, las desapariciones forzosas, la baja calidad de salud, los servicios públicos deficientes y la contaminación de fuentes hídricas.
