¡Exigimos educación para el gobierno!
En los meses del paro estudiantil recorrimos calles y carreteras. Gritamos y cantamos. Nos conocimos, identificamos nuestros errores y aprendimos. Dimos a conocer nuestros problemas y descubrimos otros que han surgido en el camino. Pero hemos identificado una carencia que tiene especial relevancia y creemos necesario añadirla a nuestras peticiones: Educación en derechos humanos para el gobierno.
Haciendo un paneo de la opinión pública, notamos un panorama de gran confusión y creemos que el gobierno no ha podido librarse de esta nube caótica. La jerarquía de los derechos parece perder sentido. Específicamente, vemos problemas con la comprensión del derecho a la protesta social, lo que genera múltiples atropellos por parte de la fuerza pública. Y lo entendemos, pues las contradicciones se encuentran en las mismas normativas que pretenden guiar la reglamentación y manejo de las manifestaciones.
Éstas se amparan en los derechos a libertad de expresión, a la reunión y a la asociación para la movilización, consagrados en la Constitución y ratificados internacionalmente, y son reconocidos como principios fundantes de la sociedad democrática. A través de ellos se han obtenido otros derechos que nos encaminan hacia una sociedad cada vez más justa, permitiendo controlar a las instituciones para que cumplan sus funciones a cabalidad.
Sin embargo, leyes como la “Ley de Seguridad Ciudadana” del 2011 limitan los derechos que fundamentan las manifestaciones, tipificando como delitos la obstrucción de vías públicas (artículo 44) y la perturbación de los servicios de transporte (artículo 45).
Adicionalmente, las autoridades -atrapadas en la confusión- se han mostrado contrarias a las manifestaciones, rechazando los recorridos propuestos, amenazando a quienes afecten la movilidad y hasta señalando la supuesta infiltración de grupos armados ilegales. Su prioridad es el orden público. Pero parece que el gobierno de tanto pensar en clave de breves consignas, olvidó la definición amplia de orden, que está estrechamente relacionado con garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y libertades constitucionales.
Si nos quedamos con la visión estrecha de orden, estaría bien si los estudiantes dejan las aulas, siempre y cuando no anden de vagos por las calles; si los campesinos se quedan sin tierras, mientras no se atrevan a montar tugurios en ningún lado; si mueren los niños de hambre, entretanto no estorben en los pasillos de las clínicas. Pero no, un orden injusto no es orden sino barbarie.
Y a lo largo de la historia vemos que el movimiento estudiantil -y no solo este- ha recibido más barbarie que respuestas. Desde Gonzalo Bravo -asesinado en 1929 por la guardia presidencial-, pasando por los estudiantes asesinados durante la dictadura de Rojas Pinilla, hasta llegar a Johnny Silva y Nicolás Neira, asesinados por el ESMAD en el 2005, se nota una tendencia de las autoridades a reprimir violenta e ilegalmente al estudiantado, viéndolo más como un obstáculo para la “estabilidad” que como una potencia creadora de la sociedad.
Llevamos más de 50 años exigiendo casi lo mismo y la respuesta estatal no parece cambiar. De acuerdo con el informe de la Red Distrital de DDHH de la UNEES, se ha visto un ascenso en el uso excesivo de la fuerza, se violan los protocolos de acción de la fuerza pública y se realizan seguimientos y amenazas a estudiantes. Recordemos a Esteban Mosquera, quien perdió su ojo por un disparo de un agente del ESMAD que apuntó a su cabeza; práctica común, ampliamente denunciada y potencialmente letal.
¿Y el presidente qué hizo? Igual que como está haciendo con el Cauca, evitó hasta la última instancia la reunión con los estudiantes. Aunque esto lo pueda mostrar como poco dispuesto al diálogo, vemos que realmente privilegia otros personajes de la vida pública (cantantes, influencers, presidentes ilegítimos y algunos corruptos), al parecer con mayor importancia para el país que la educación. Como vemos que nuestras peticiones parecen no ser importantes, somos pacientes y seguimos haciendo bulla.
Pero esto tiene sus desventajas. Muchos medios de comunicación, confundiendo los valores del periodismo y los del mercado, prefirieron dar un enfoque que les diera rating y vendieron una narrativa de caos alrededor de las marchas. Gastaron sus energías discutiendo sobre la manera “correcta” de protestar y olvidaron la cuestión de fondo: que la educación está agonizando. Se despacharon contra los “vándalos” y defendieron a la Policía aun cuando dejaron inconsciente a una estudiante.
Se supone que el ESMAD debe actuar ante un riesgo inminente para el orden público. Pero siempre con proporción y racionalidad. De acuerdo con la resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior, “cuando un disturbio se presente (…), la intervención policial estará dirigida a controlar los comportamientos realizados por las personas violentas que participan en el disturbio, para garantizar a los demás participantes el ejercicio de la protesta pacífica”. Sin embargo, numerosos videos muestran cómo los agentes atacan las manifestaciones sin motivo, disparando balas de pintura y goma, y deteniendo personas, incluso sin diferenciar entre transeúntes y manifestantes.
Si el Estado -responsable de protegernos- desconoce nuestros derechos y descuida sus responsabilidades, nos violenta cuando protestamos para exigir su respeto ¿quién podrá defendernos? Seguro que no será el Chapulín. Nos toca a nosotros mismos. En este punto el Comité Permanente por la Defensa de los DDHH plantea -sin intención de hacer apología a la violencia- que ésta, sin embargo, “es una opción legítima cuando se está frente a Estados que violan de forma sistemática los derechos humanos”.
La discusión no es sencilla. Hay que ponderar derechos, analizar contextos, actores y ver la realidad en complejidad. Pero el enfoque del gobierno parte de lógicas reduccionistas que solo han generado confrontaciones cada vez más violentas. ¿Será esta la vía adecuada? No hay necesidad de respuestas obvias. Pero sí reiteramos que es menester que se imparta así sea un curso on-line sobre protección de DDHH al gobierno, no vaya a ser que se rajen en esta materia y de paso sigan rajándole las cabezas a nuestra gente.
