Sí a la pena, no a la muerte
Desde hace años en Colombia se ha barajado la opción de castigar con pena de muerte a los violadores, en especial a los atacantes de niños y niñas. Con cada nuevo caso de abuso sexual, la opinión pública, encendida por declaraciones de algún personaje de la vida nacional, defiende con efervescencia la implementación de este tipo de condena. Frente a esto, sin desconocer el sufrimiento que supone una violación, estoy en desacuerdo.
Nosotros los colombianos estamos más acostumbrados a matar que a dejar vivir. Por nuestra penosa historia patria banalizamos la vida y la muerte. Nuestro país ha perdido de vista lo que el hombre es y el sentido de la vida. Así las cosas, propiciamos sin reparo debates públicos en torno a la pena capital.
La vida, por encima de todo, es el valor supremo. Ninguna persona debe decidir el devenir de la vida de otra. Con esta posición no se consiente la libertad y el perdón para los abusadores, sino la aplicación de una pena severa, sustentada en la privación de la libertad y la resocialización del imputado.
Colombia no tiene que emular la sevicia. Aplicar este tipo de condena a un ser humano no sirve de nada. Acabar con una vida, así el dueño de esta sea el más tenaz asesino, no supone una verdadera solución al problema. La ONU ha reconocido que algunos aspectos de la ejecución de la pena de muerte constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estos vejámenes son propiciados por las condiciones de reclusión de los penados a muerte, la angustia de estar condenados, la amenaza constante de ejecución y el secreto que rodea al uso de la pena de muerte, que afecta tanto a los sentenciados como a sus familias.
Validar la pena de muerte para violadores resultaría contraproducente. Según el profesor Jorge Iván Cuervo de la Universidad Externado, al robustecer las penas, el abusador sofistica su modus operandi para no ser capturado, lo que aumenta el riesgo de posibles víctimas. Sin duda la constante amenaza de la pena de muerte no apaciguaría las aberrantes pasiones de un abusador. Más bien, complicaría la tarea de dar con su paradero.
Por otro lado, la pena de muerte va en contra de la Declaración Universal de los Derechos. En específico, la pena capital viola el artículo tres, cinco y ocho de estas proclamas, y de la misma forma nuestra Constitución Política. No sobra advertir, además, que esta declaración, en el artículo treinta, indica que ningún Estado, grupo o persona, puede emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados.
Buena parte de los colombianos sostiene que para frenar a los abusadores la solución definitiva sería la implementación de la pena capital. De esta forma, después de capturados y bajo el manto de la ley, se permitiría eliminar de la faz de la tierra a todo agresor sexual. Estas personas deben tener en cuenta que cuando la sociedad mata, le arrebata cualquier oportunidad al sindicado de probar su inocencia. Si bien primero hay que defender los derechos de las víctimas, también hay que pensar en distintas opciones de castigo que no vulneren la integridad de los acusados.
Conforme señalan algunos juristas, todo proceso penal debe tener como objetivo la resocialización del delincuente, no su muerte. El hecho de que nuestro sistema no cumpla con su función, no significa que se deba optar por alternativas que, a todas luces, violan derechos humanos. La solución está en erradicar un sistema ineficiente, no la vida del victimario.
