Recuperemos Bogotá ¿Una limpieza a medias?
- Isabel Castrillón Guzmán Estudiante Tercer
- 1 ago 2016
- 4 Min. de lectura
Los vendedores informales reflejan en cierta medida las condiciones políticas, sociales y económicas de un territorio. Este fenómeno siempre ha tenido unas concepciones variables y distintas, dependiendo del punto de vista observado; como también observamos que las medidas a tomar pueden cambiar radicalmente dependiendo del lugar y el poder político imperante en el momento.
El espacio público ha presentado gran relevancia a partir de la constitución de 1991, la cual ha establecido su protección como deber del estado: “ARTICULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.”
Este es el principal escenario donde se da lugar a las ventas informales. Por un lado, desde el punto de vista económico se podría decir que las ventas informales en cierta medida representan un vacío en el Producto Interno Bruto, teniendo en cuenta que aquellos casos en los que no se declara, a falta de tributación, se genera como consecuencia una parte de la economía subterránea, que compite desequilibradamente con los precios de los vendedores formalmente establecidos. Quienes defienden una postura netamente pro-espacio público utilizan válidamente este argumento para afirmar que los vendedores ambulantes representan un problema nocivo para la ciudad.
Por otro lado, si observamos desde una perspectiva menos minimalista, encontramos que es necesario analizar qué otros factores se encuentran detrás de las ventas informales, su legitimidad y las implicaciones que tienen las medidas a tomar con respecto a este tema. Es indiscutible que los vendedores informales son el producto de la insuficiente cobertura de empleo y el descuido del Estado. Independientemente de las medidas que se han querido tomar para ofrecer oportunidades de formalización, y sin el objetivo de justificarlos, no es posible tapar el sol con un dedo y negar que hoy en día el valor de un trabajador, e incluso de un profesional es muy reducido. Ante la oferta de personal capacitado las empresas y entidades contratantes establecen salarios que en ocasiones, difícilmente cubren la canasta familiar. (Esto sin contar otros gastos básicos), lo cual no es digno, ni representativo de lo que realmente vale su trabajo.
Si tenemos en cuenta este factor, podemos entender que ciertamente los vendedores informales no son vagos comunes que alegremente decidieron invadir el espacio público por diversión. Son hombres y mujeres como usted y yo, que necesitan llevar alimento a sus familias en un ambiente laboral que les fue hostil, pero que aún así, prefieren cualquier actividad a perder su honradez empuñando un arma. Con esto no busco demostrar si es correcto o no lo que hacen. Pero si es necesario desmitificar su imagen y verlos desde una perspectiva más humana y menos cuadriculada. Si bien lo ideal sería aplicar el principio de legalidad en aras de lograr una especie de ciudad ordenada, esto es imposible cuando la administración de la misma se mantiene indiferente o es incompetente para solucionar de fondo las problemáticas que dan origen a este fenómeno, y generan un silencio de años que fortalece el principio de confianza legítima de quienes invaden estos espacios. Si nuestro “Estado Social de Derecho” no provee los mínimos que constituyen la dignidad humana, y se mantiene mudo por tanto tiempo, no puede pretender de forma súbita y arbitraria eliminar todo aquello que su descuido originó.
Tal vez, algunos en su defensa encontrarán las medidas en proyecto para atender a este fenómeno, como las Zaert (Zonas de aprovechamiento económico reguladas temporales), o si lo pensamos más simple, enviar policías o al ESMAD si es “necesario” para “limpiar el espacio público”. Aquí vale la pena detenerse a analizar la eficacia de ambos medios. Con respecto a las Zaert, que buscan formalizar y reubicar, es necesario evaluar no sólo el hecho de trasladarlos, sino también el impacto que la reubicación tenga sobre sus ventas, sencillamente porque si reubican a un individuo y en una zona donde sus productos tienen poco o ningún interés para las personas que circunden ese sector, difícilmente podrá costear el arrendamiento de los locales, lo cual nos llevaría a lo mismo. Ahora, la medida por excelencia, la más fácil entre todo, evacuar a su suerte a todos los invasores. Nadie se pregunta las implicaciones sociales que pueden seguirse de dicha acción. No se reflexiona si es posible que ante la falta de oportunidades y el desalojo sistemático se genere más pobreza, más desempleo, más delincuencia.
Tan sólo preguntémonos: ¿Es viable o siquiera lógico utilizar las vías de hecho para limpiar el espacio púbico, aun cuando esto incluya pasar por encima de derechos fundamentales? Queda a criterio del lector responder este cuestionamiento. Como lo he afirmado anteriormente, no pretendo decir si está bien o mal ser vendedor informal. Pero si quiero que por un momento pensemos en todo lo que engloba esta situación, que pensemos si el fin justifica los medios, si verdaderamente existen garantías para estos ciudadanos y sobre todo, si la dichosa limpieza verdaderamente nos ayudará a recuperar Bogotá.
