Venta informal callejera, cultura económica nacional
Hasta hoy, y desde mucho tiempo atrás, la venta informal callejera, tanto la estacionaria como la ambulante, ha sido vista simplemente como la ocupación indebida del espacio público y una actividad propia de la economía subterránea, posición que amerita ser explicada, analizada teniendo en cuenta sus efectos y sus causas, y criticada abiertamente por sus ideas parciales y opuestas al ideal solidario de unidad política.
En todo el país las alcaldías municipales y distritales, organizan titánicas redadas, para lo que los gobiernos locales llaman “Recuperación del Espacio Público”, lo que indica que se considera al vendedor informal como un invasor, un obstaculizador, el causante principal de la pérdida de ese espacio público objeto de recuperación. De hecho, el documento que guía a los alcaldes del país en este tema, La Guía Metodológica del Ministerio de Vivienda, sobre Los Mecanismos de Recuperación del Espacio Público, cataloga a la venta informal callejera como uno de los “problemas principales del espacio público relativos a los ciudadanos”. La venta informal es calificada como problema, donde el vendedor es su protagonista y su raíz. Dichas redadas, fieles a su propósito: despejan el espacio público, dejan vacíos los andenes, a los vendedores sin su usual lugar de trabajo y convierten al ciudadano que recorre las calles en un simple transeúnte.
Definitivamente esa postura general sobre la relación existente entre espacio público e informalidad, no es una coincidencia, sino que resulta de factores reales que sumados, crean una política descentralizada que tiende a perjudicar al vendedor informal callejero.
Uno de esos factores, entre muchos otros, es la actual legislación sobre la materia, causa formal-normativa que limita a los burgomaestres, obligándolos al cumplimiento de la Constitución y la ley, sin contemplaciones notables, ni ideología que pueda ir en contra. Según La Guía Metodológica del Ministerio de Vivienda sobre Los Mecanismos de Recuperación del Espacio Público, la primera norma jurídica que regula y justifica las redadas es también la norma superior de todo nuestro sistema jurídico.
Efectivamente, la Constitución Política se refiere al espacio público en su artículo 82, cuando proclama “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.” Sin embargo, decir que la venta informal callejera va en contra del uso común y que corresponde únicamente a un interés particular, sería negar las consecuencias positivas que puede traer la actividad de los vendedores informales para el mercado, y para la satisfacción de necesidades de la comunidad en general.
Si se interpreta esta norma en el sentido de que la venta informal constituye un beneficio para el bien común, entonces quienes han hecho de la actividad de venta informal callejera, su trabajo, se encontrarían amparados por la Constitución.
Así pues, la otra interpretación es aquella que concibe que esta disposición constitucional busca poner fin a estas actividades. Así pues, se podría decir que fue por una –de varias– interpretación constitucional que se desarrolló toda la normativa inferior que categoriza a los vendedores como vulneradores del espacio público y que por supuesto justifica la “Recuperación del Espacio Público”.
Otro de los factores está relacionado con algunos de los problemas infraestructurales que tiene la venta callejera; primero está la cuestión de la venta ilegal callejera, la cual tiene fácil escondite en la informalidad y, de ahí, que se acuse, generalizando, al vendedor informal callejero de ser foco de microtráfico de narcóticos, de perpetuar la piratería y de ofrecer productos llegados a él por el contrabando; la segunda causa material, que alegan los gobiernos locales, es el peligro que representa la calle ocupada por los vendedores informales en caso de emergencias, calamidades y desastres; y en tercer lugar está la causa estética que relaciona la venta informal con el subdesarrollo y el desorden urbano.
Corregir la causa formal-normativa es extremadamente difícil si no se corrigen primero las causas materiales en el marco de una interpretación solidaria de la Constitución Política, logrando de esta manera que lo fáctico tenga verdadero poder normativo. Para ello es necesario promover nuevas políticas públicas, que tiendan a la mayor dignificación del trabajo y a la destrucción de los argumentos falaces que justifican las redadas y la visión general sobre la venta informal callejera, tales como:
Primero, la informalidad no debe por ningún motivo pasar de ser justificable para esconder actos del todo punibles como el narcotráfico, la piratería y el contrabando. Para solucionar lo anterior, es necesario censar a los vendedores ambulantes y estacionarios, siguiendo de cerca sus actividades con inventarios y controles descentralizados que permitan saber qué y cuánto ofrecen a los ciudadanos compradores.
Segundo, en lugar de representar peligro en caso de emergencia o calamidad, es perfectamente posible, con capacitación para atención de riesgos y desastres, que el vendedor ambulante pase de ser un peligro a ser un colaborador cívico, capacitado para ayudar a quien lo necesite en caso de necesidad.
Lo anterior, ciertamente ayudaría mucho a redignificar el trabajo del vendedor informal callejero, pero si no se cambia la concepción general sobre la actividad en cuestión, no puede lograrse el verdadero cambio normativo que se necesita. En el ideal solidario de Estado, no cabe clasificar el ambiente comercial informal y callejero como subdesarrollado, sino más bien -con correcciones estéticas y de sanidad- como una cultura económica nacional, nacida de una necesidad laboral no satisfecha, pero que ha permitido desde tiempo inmemorial que la persona salga adelante sin recurrir necesariamente a actividades esencialmente delictivas. Se necesita generar un esfuerzo administrativo que asegure para los vendedores espacios sin reubicación (pues esta lo haría) y medios físicos para que continúen con su actividad económica, e insisto, cultural, con mejores oportunidades, de manera mas higiénica, sana y estética.
¡Javerianos y demás lectores! La venta informal debe ser vista con otros ojos, con una visión basada en lo positivo, en la dignidad humana, en el trabajo y la Solidaridad como principios fundamentales. La Solidaridad con la venta informal callejera es solidaridad con ciudadanos que como nosotros quieren cumplir sus sueños y ser felices.
