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Legalizar las drogas e indultar a las Farc

La consideración del narcotráfi­co como un delito conexo al delito político y, por ende, beneficiario de indulto, conlleva a una tremenda encrucijada. El sapo a tragar es de dimensiones descomunales y muy difícilmente contará con la aquies­cencia de la opinión pública. Sin embargo, para quiénes defendemos abiertamente la legalización de to­das las drogas como una alternativa para erradicar el narcotráfico y así, un fortísimo insumo del conflicto armado, la posibilidad de indultar a la guerrilla y posteriormente a mu­chos actores por este delito, sería posible bajo ciertas circunstancias.


Es menester partir del hecho, corroborado por las más recientes decisiones de la comunidad inter­nacional, de que sin flexibilizar la política de drogas es imposible al­canzar la paz en Colombia. Aún así se firme un acuerdo con la guerrilla, el incentivo perverso de traficar nar­cóticos permanecerá, pues lo ilegal es altamente demandado y genera exorbitantes rentas para sus pro­ductores y distribuidores. De igual manera, la inexistencia de un mer­cado legal en el que operen firmas en igualdad de condiciones azuza la violencia, fenómeno inherente a los escenarios de tráfico ilegal de dro­gas. Esto es cuando matar al otro es más útil que negociar o compe­tir con él. En un mercado legal de drogas, esto se podría revertir. Tal y como sucedió luego de la prohibi­ción del alcohol en 1933.


Si legalizar las drogas es impres­cindible para la paz, es decir, si en algún futuro comprar y vender dro­gas podría ser permitido por la ley, ¿no sería absurdo frenar el acuerdo de paz, insistiendo en que la guerri­lla pague cárcel por narcotráfico? Claramente es una pregunta difícil de abordar, pero, ¿acaso no es una posición coherente, si defendemos la legalización? ¿Estarán listos los colombianos para entablar un deba­te de tal calado?


Mi posición es que legalizar las drogas e indultar a quiénes hayan traficado con ellas en el pasado son dos asuntos interdependientes. Si se legalizan las drogas, necesariamente se tendría que abordar un indulto a la guerrilla por el “delito” de narcotrá­fico. En un escenario al revés, si se indulta a la guerrilla primero, el de­bate sobre la legalización inmedia­tamente debería estar sobre la mesa. Sería la única circunstancia bajo la cual sería justo indultar a la guerrilla. Técnicamente, sería la única justi­ficación para indultar a la guerrilla. De lo contrario, no sería más que una simple capitulación del gobier­no ante esta, un perdón vacuo y nada trascendente para alcanzar la paz. Peor aún con los escuetos acuerdos sobre drogas alcanzados en el tercer punto de la agenda. Este segundo es­cenario es el más viable, por la ma­nera en la que el gobierno y la guerri­lla buscan acelerar el proceso.


No obstante, es preciso hacer una salvedad: quiénes hayan come­tido crímenes de lesa humanidad al traficar con drogas, no podrían ser indultados, y pasarían a tener otro tipo de tratamiento judicial. Este será uno de los grandes retos de los entes judiciales: tener la suficiente sindéresis para establecer quién tra­ficó drogas manchándose de sangre y quién no.


Muchos aducirán que esta posi­ción constituye una aberración. Tan­tos muertos, tantos atentados y tantas violaciones a los derechos humanos financiados por este negocio. Sin embargo, pocos se dan cuenta de que ha sido precisamente la prohibición de estas sustancias la que las ha vuel­to rentables y la que ha espoleado el conflicto en el país. De igual manera, la guerra contra las drogas ha sido completamente ineficiente. Solo en el Plan Colombia (un rotundo fra­caso) se invirtieron, grosso modo, US$11 billones. Sería realmente in­útil truncar las negociaciones frente a un debate que tarde o temprano se tendrá que abordar. La guerrilla difí­cilmente se va a someter si lo que han hecho durante años se está volviendo legal en varias partes del mundo. Es por esto que la discusión acerca de la legalización tiene que llegar cuanto antes al país.


No se puede contemplar la lega­lización si no se contempla un in­dulto a quienes hayan traficado en el pasado. No se puede contemplar un indulto sin abordar la legalización. Igualmente, no se puede indultar a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. El binomio indulto – legalización es indispensable para hablar de un acuerdo de paz cohe­rente y duradero. De lo contrario, todo no es más que una mera capi­tulación.


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