Interbolsa al mejor estilo del monopoly criollo.

El caso de INTERBOLSA fue todo un juego de habilidad, cuyas dinámicas parecían ya plasmadas en aquel juego infantil llamado Monopoly. Sin embargo, avaluar inmuebles era sólo una parte de la triquiñuela que estaban ejecutando los directivos de INTERBOLSA. A través de movimientos financieros que parecían no violentar la ley ni las buenas costumbres, terminaron generando uno de los mayores fraudes que se ha presentado en los últimos tiempos en nuestro país.

En un primer momento, es bastante difícil prevenir y detectar un crimen financiero de este calibre, ya que está estructurado con estrategias, tácticas, especulaciones y artimañas cautelosamente planeadas por sus autores y también porque se realiza a sabiendas de que, si bien cualquier mercado accionario se regula conforme a las dinámicas de la oferta y la demanda propias de su campo, Colombia resulta ser un potencial mercado de defraudaciones y por ende tiene la gran debilidad que presentan sus leyes e instituciones de control –como las superintendencias–.

Ahora bien, cabe resaltar que un factor de ayuda para este contexto de fraudes monumentales es especialmente la rampante corrupción presente en muchos de los funcionarios que, lejos de cumplir sus deberes y obligaciones, son expertos en “encontrarle el quiebre a la ley” para conseguir el beneficio que seguramente no les es satisfecho al ostentar un cargo de servidor público.

En un mundo occidentalizado y capitalista es casi irresistible no entrar en dinámicas agresivas y competitivas propias del sistema, las cuales exigen una flexibilidad, importante a los tan mencionados valores éticos de cada persona. Así lo demuestra el mundo empresarial a quienes participan activamente de él, pues enseña que la avaricia y la ambición deben ser los principios rectores del desempeño profesional de un sujeto que se inmiscuye en este contexto.

Lo anterior es claramente perceptible en el caso INTERBOLSA. Sus dinámicas propendían grandes trasferencias de dinero, a través de la negociación de REPOS o compraventa y emisión de acciones, donde todos los implicados buscaron multiplicar su capital invertido en aras de no perderlo todo. Por tal razón, y como pasa en la vida cotidiana, cuando todos ganan, todos “se cubren con la misma cobija” y nadie reclama, pero cuando algunos empiezan a perder se descubren los miles de engaños que se estaban presentando, sin si quiera notarlo.

La situación de INTERBOLSA, creo, fue un error de cálculo que hizo que una operación, que parecía muy promisoria, produjera el descalabro inicial que tumbó a unas de las empresas de más renombre del  +olding empresarial, lo cual causó una profunda preocupación en sus miembros y un pánico económico nacional inmensurable. Fue así como INTERBOLSA pasó de ser la empresa más segura para la inversión bursátil en Colombia a ser una persona jurídica que sólo se mantenía en el mercado por la imagen que anteriormente ostentaba.

Los hechos que desencadenaron lo que algunos llaman la burbuja especulativa criolla o Monopoly Criollo, como a mi parecer debe ser catalogada, no son otros que la ejecución de transacciones económicas denominas REPO, que se refieren a comprar y recomprar acciones en el mercado, lo que finalmente brinda un resultado triplicado en su valor. No obstante, cuando dicho valor de las acciones, como por ejemplo las de Fabricato, es mucho mayor que su valor real y comercial, y no se puede responder con el dinero que supuestamente representa la acción, puesto que no existe. He allí el pilar de la crisis que se desató.

Por otro lado, el gobierno nacional sólo ha procurado por demostrar que el caso INTERBOLSA fue y será un caso único e irrepetible que no representa un daño permanente en la economía y que por el contrario fue solamente una falta de comunicación entre entidades que tienen a cargo las funciones de inspección, control y vigilancia; pero está claro que ésta fue un caso coyuntural y de menor trascendencia en nuestro país.

Quizás, el gobierno desconoce que no sólo se ha generado una pérdida de confianza notable en la sociedad colombiana frente al sistema bursátil e incluso financiero, sino que a su vez que las entidades administrativas, que incluso ostentan un poder jurisdiccional, no son lo suficientemente eficientes y eficaces para lograr prever este tipo de situaciones puesto que, en los últimos años, los fraudes macro se han convertido en lo usual de nuestra economía. Y entonces, cabe preguntarse si realmente las Superintendencias son una institución que vale la pena mantener en nuestro sistema político-económico.