Macartismo a lo Uribe

Sinceramente, no creo que nuestro honorable ex presidente Álvaro Uribe Vélez conozca sobre el fenómeno del macartismo, el cual tiene su origen en Estados Unidos a mitad del siglo XX, pero tampoco necesitaba saberlo para ejercutar, durante su mandato, prácticas similares, por no decir iguales. Debido a la posible ignorancia del Dr. Uribe respecto al tema, me permitiré recordar que el macartismo o “el apogeo de la casa de brujas”, como muchos académicos suelen llamarle, fue una política interior estadounidense, quien tuvo como principal promotor al senador Joseph McCarthy, cuyo objetivo era marginar, segregar y aprisionar aquellos dirigentes o simpatizantes del pensamiento disidente.

Esta penalidad, que se derivaba por el simple hecho de tener un determinado pensamiento ideológico, tenía repercusiones en el ámbito físico y en el campo psicológico, siendo este último el punto central que buscaba atacar el macartismo. El campo psicológico de los individuos se veía vulnerado por medio de una presión social, cultural e incluso laboral. McCarthy buscaba generar una segregación total a todo aquel que formulara un disenso a la política de gobierno.

Es así, como se afirma que Uribe tiene mucho de McCarthy, aunque el ex presidente probablemente no lo haya leído ni estudiado. No siempre es necesario ser un gran intelectual en una materia para apoyar políticas totalitarias y eliminatorias.

Empecemos por mencionar que McCarthy fue un senador republicano que, se supone, recibió dinero ilegal para financiar su campaña, mientras que el ex presidente Uribe, ahora senador, se caracteriza por estar conectado con los grupos paramilitares, específicamente con su apoyo en la creación de las Convivir. Todo esto –debo precisar–, bajo supuestos. Sin embargo, hay una diferencia sustancial y fundamental entre estos dos personajes, ya que McCarthy era un senador, y su poder, comparado con el de un jefe de Estado y de Gobierno, en un régimen fuertemente presidencialista como lo es el colombiano, se queda corto.

Álvaro Uribe, durante sus dos períodos de mandato, mantuvo un discurso basado en el terrorismo que legitimaba su principal política, la seguridad democrática. Por supuesto, en este discurso entraba todo aquel que él y sus muy eficientes delegados consideraban –arbitrariamente– podían poner en peligro dicha seguridad democrática. ¿Qué es seguridad democrática para Uribe? Es el momento en que no logró individualizar y caracterizar tal concepto, ya que, contaba con una flexibilidad tan exorbitante, que incluso miembros de comunidades de paz, movimientos estudiantiles y hasta los propios sindicatos, se catalogaban como integrantes o simpatizantes de la guerrilla e incluso de grupos terroristas.

Evidentemente, el gobierno de Uribe no siempre realizaba menciones expresas de lo anteriormente dicho, debido a que no les resultaba estratégico exhibirse con políticas propias de la exclusión y segregación política presentes en gobiernos totalitarios. Pese a lo anterior, en el caso de la masacre de ocho civiles en la comunidad de paz de San José de Apartadó, Uribe declaró: “En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí, de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista” (Revista Semana, 2013). Esta declaración fue duramente criticada por los medios de comunicación, puesto que finalmente se concluyó que la culpabilidad recaía en los paramilitares y en miembros del Ejército Nacional.

Lo interesante, en el caso de San José de Apartadó, es que la comunidad de paz le generaba una problemática a nuestro ex presidente, ya que no le permitía el ingreso de grupos armados, incluso “legítimos”, a su territorio, lo que le causaba un defecto a su política de seguridad democrática, pues no permitía la militarización de la zona. Uribe, en contraste con McCarthy, nunca presentó una lista negra, empero, tras diferentes declaraciones señalaba a algunos individuos como terroristas o como “patrocinadores” de los mismos, cuyo fundamento no era otro que una sospecha mínima o inclusive nula. Es entonces, donde los señalados eran los que tenían la obligación de demostrar su inocencia –al igual que sucedía en la época del macartismo–, lo cual contraría el principio constitucional de presunción de inocencia.

Los señalamientos, pueden no ser trascendentales en principio, pero si las realiza el presidente de un Estado, las repercusiones van a ser de gran magnitud. A partir de las declaraciones, los sujetos deben padecer barreras sociales a tal punto que son excluidos casi en su totalidad, ya que después de ser estigmatizados, quebrantar estos estereotipos resulta bastante complejo. Asimismo, la exclusión social, no sólo se refiere al rechazo de un individuo en una comunidad, sino que aborda una deslegitimidad política, un impedimento para la contratación laboral de cualquier índole y humillaciones morales al ser encasillado como un ser bueno o malo.

Otro ejemplo evidente de las decisiones de Uribe, como práctica macartista, fue la idea que planteó durante su gobierno, y que expresó públicamente en una visita a Medellín, por medio de la cual se generaba un sistema de recompensa “a título de bonificación” para los estudiantes que informarán a las autoridades públicas sobre compa-ñeros que estuvieran inmersos en actividades "delictivas". A simple vista y de una manera muy superficial, se podría inferir que ésta política criminal no tiene nada más que una intención de buena fe, sin embargo generar incentivos para que los estudiantes informen a las autoridades públicas en pro de un beneficio pecuniario, produjo un ambiente hostil dentro de las comunidades universitarias, en la medida de que ciertos estudiantes fueron estigmatizados e implicados como terroristas, debido a sus posturas ideológicas.

En el macartismo esta práctica era aún más evidente, ya que para evitar su despido e incluso propender por su promoción, los individuos, como sucedió con los profe-sores universitarios, se delataban entre ellos mismos, denunciando a aquellos que utilizaban metodologías pedagógicas liberales, progresistas y cualquier otra que se juzgara como contraria al sistema político vigente y republicano.

No obstante, Uribe dejó entrever un propósito similar pero con una orientación más diplomática y mucho menos violenta que la utilizada por el senador estadounidense. En vez de jugar con el desarrollo profesional, pues se habla de estudiantes, se juega con dinero, que para un estudiante puede ser muy necesario o incluso muy apetitoso.

En cuanto al objetivo del plantea-miento del ex presidente, debe aclararse que en principio puede referir a una política criminal, pero ésta puede expandirse a cualquier otro campo que el gobierno considere que necesita de su intervención a partir de un mayor conocimiento. Igualmente, el factor de que sea la comunidad estudiantil la que realice dicha práctica, a mi parecer inmoral e inapropiada, no sólo por los riesgos, sino por la falta de legitimidad y subjetividad que pueden presentar dichas delaciones, permite inferir que se considera al gremio estudiantil como un grupo que se debe contrarrestar y que progresivamente debe adaptar-se a las políticas de un gobierno por medio de una “persuasión” económica.

El macartismo fue una de las consecuencias del pánico rojo en Estados Unidos a partir del desarrollo de la Guerra Fría, cuyas prácticas debilitaron los movimientos políticos paralelos y a su vez disminuyeron las garantías civiles y políticas. Esto mismo sucedió y sigue sucediendo en Colombia, partiendo de la base de que su pueblo no reconoce en su “líder”, populista, las atrocidades más grandes contra la democracia y contra su propio país.