Volverá una rosa y esa rosa se llama UP
No es fácil definir lo que es la justicia ni su alcance, no obstante la sociedad Colombiana hoy está de acuerdo en que devolver la personería jurídica a la Unión Patriótica por parte del Consejo de Estado fue un acto de plena y verdadera justicia. La anulación de las resoluciones 5659 de 30 de septiembre y 7477 de 20 de noviembre de 2002 emitidas por el Consejo Nacional Electoral, en virtud de las cuales se abolía la personería jurídica del Partido por no alcanzar el umbral electoral que establece la ley 130 de 1994, marca hoy un nuevo rumbo del espectro político no sólo de lo que es la izquierda y la oposición, sino también aparece como una luz de guía hacia la coyuntura política nacional: los diálogos de paz de La Habana, Cuba.
Sin embargo, la historia de los diálogos no es nueva, basta con recordar que el nacimiento de la Unión Patriótica se dio a mediados de la década de los 80, en las negociaciones del gobierno del ex presidente Belisario Betancur con la guerrilla de las FARC-EP, más exactamente en 1985 para presentarse a las elecciones de 1986 donde precisamente lograron un capital político fuerte y sin precedentes.
Ahora bien, retomando la sentencia del Consejo de Estado, afirma que la decisión del CNE de dar muerte política a la UP desconocía la realidad social, económica, política y cultural que vivía no sólo el partido, sino también el país completo. Miles de miembros, activistas y dirigentes habían sido asesinados en la década del 90, de ahí que para las elecciones del 2002 no es que no hubiesen votos sino por el contrario, no habían candidatos que presentar; y es en este punto donde vale la pena detenerse. La realidad venció al derecho, el Consejo de Estado le dio la razón a la sociedad civil por encima de un umbral sombrío que exigía una ley nacional. Por vez primera, los consejeros de Estado pusieron por encima el que acontecer en el diario vivir nacional sobre el difícil entramado jurídico. Insisto, la realidad venció al derecho devolviéndole la personería jurídica a la Unión Patriótica.
Se afirma lo anterior porque se reconoció el genocidio como prácti-ca sistemática de asesinato de dirigentes políticos y se condenó a la política con fusil, al ver que las armas no callan a las ideas y que los muertos serán recordados; se hizo memoria a Manuel Cepeda, Jaime Pardo, Leonardo Posada, José Antequera, Bernardo Jaramillo Ossa y demás militantes que en su anonimato luchaban por una Colombia diferente.
La lucha no termina con el restablecimiento de la personería, ni tampoco está hecho para la UP un éxito político definitivo. Enfrentan ahora el gran reto de reorganizarse, reafirmar sus ideales políticos y buscar quienes hoy se identifican con su proyecto de país, no solo los que antes creían en ellos, sino también los de nuevas generaciones que guardamos un recuerdo de las historias de los mayores, de lo que era la valentía de enfrentar al paramilitarismo y clase política tradicionalista y burocrática que tanto desangran el erario público.
Queda ahora por escudriñar cuál será la realidad política que enfrente la UP, la división de sus antiguos miembros que hoy reclaman en dos bandos separados la presidencia del partido y el alcance jurídico del fallo del Consejo de Estado, porque tampoco es claro respecto a la eventual participación en las elecciones próximas o el tiempo requerido para la reorganización, el significado para la izquierda nacional, pero sobre todo , y como punto más importante, demostrarle al país que la política diferente si es posible como medio para hacer la paz.
