Los presos políticos en Colombia
Actualmente, existe un tema bastante controversial en el mundo político y penal, el tema de los presos políticos. Ahora que el sistema penitenciario está en crisis, y que estamos inmersos en un proceso de paz para la posible terminación del conflicto armado, es importante tocar este tema y dejarlo sobre la mesa para posibles discusiones en el futuro.
Para comenzar, es necesario definir qué se entiende por preso político. Pues bien, preso político es aquel sujeto que es opositor político e ideológico al orden socioeconómico imperante, y que, a partir de su inconformi-dad se ve llevado a actuar de determinada forma para cambiar el estado de cosas que para él (o ella) es totalmente injusto.
La categoría de preso político, se puede clasificar en tres clases, adoptando como criterio el accionar del sujeto al materializar sus ideas y posturas. En primera medida se encuentran los combatientes o integrantes de grupos insurgentes, los cuales, a partir del Derecho Internacional Humanitario se denominan prisioneros de guerra; en segunda instancia se presentan los presos de con-ciencia, los cuales generalmen-te son académicos, intelectua-les, estudiantes y demás, que si bien pueden no estar vinculados a un proceso social o político, por el hecho de generar una “conciencia crítica” que amenaza la estructura social dominante, son reprimidos e incluso privados de su libertad; Y finalmente se observan los propiamente denominados presos políticos, tales como los dirigentes sociales, los sindicalistas, los activistas, los líderes estudiantiles y militantes de la izquierda que al generar peligrosidad a la estabilidad hegemónica, también son privados de la libertad, muchas veces a partir de montajes judiciales y “triquiñuelas” jurídicas.
Según las organizaciones de derechos humanos, en las cárceles nacionales actualmente se encuentran -sumando los tres grupos anteriores- 9.500 presos políticos. No obstante, a pesar de los sondeos, el gobierno nacional se ha negado rotundamente -y en general ningún gobierno lo hace- a aceptar la existencia de dicha caracterización, y para más preocupación, se ha sumado una grave crisis en el manejo del sistema peni-tenciario colombiano, que ha conllevado a la sistemática violación de los DD.HH., afectando de esa forma, la integridad de las personas recluidas incluyendo los ya mencionados.
Si bien la crisis carcelaria gira en torno a diversas problemáticas, es importante mencionar tres de estas, que considero son las más relevantes. A) La primera situación agravante consiste en la crisis sanitaria, la cual produce niveles de vida que atentan contra la dignidad de cualquier ser humano, violando constantemente el derecho a la salud, a la integridad y a la igualdad. Por ejemplo, resulta preocupante que por 1100 reclusos sólo exista un médico que les atienda. En lo concerniente a la alimentación, en varios ocasiones se brindan alimentos descompuestos o vencidos produciendo en el 2012, 85 eventos de intoxicación. B) Por otro lado, los tratos inhumanos, las torturas, la discriminación por las preferencias de los reclusos, las constantes demoras en los procesos judiciales y las restricciones al acceso de la justicia son fenómenos que alarman la ya bastante deplorable situación. Por último C) es menester mencionar el problema de hacinamiento, ya que según datos del INPEC las cárceles nacionales tienen un déficit de 41.802 cupos, es decir, existe un hacinamiento del 55,2%, volviendo las circunstancias incontrolables.
Es así, como se evidencia la situación precaria en las cárceles del país, lo que nos permite reflexionar sobre el tipo de modelo de sistema penal que se está aplicando en Colombia, ya que, parece ser que existen más presos de los que el sistema puede sostener. ¿Es entonces lógico si quiera pensar en la posible resocialización de un reo en estas condiciones? Tal parece que no.
Ahora bien, en lo referente a los presos políticos, el gobierno no solo se atreve a negar la existencia de estos, sino que a su vez promueve legislación en favor de la impunidad del Estado –por lo menos en lo que esta materia acarrea–. Además de ser evidente la existencia de presos políticos en nuestro país, es claro que el gobierno no acoge medidas que solucionen la vergonzosa y precaria realidad carcelaria.
Por eso debemos abandonar el fetiche legal de que sólo a partir de las leyes punitivas se logra un sistema más justo. Es necesario y deseable, empezar a pensarnos nuevas formas alternativas para contrarrestar la violencia y la injusticia social, es necesario empezar a analizar la realidad del país y con base en ella, plantear cambios estruc-turales. El país necesita y debe ser distinto. El futuro está en nuestras manos.
